Adolfo Pérez Esquível -Sobre las Madres de Ituazaingó y el modelo productivo en la Argentina.
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miércoles, 30 de mayo de 2012
Adolfo Pérez Esquível -Sobre las Madres de Ituazaingó y el modelo productivo en la Argentina.
Adolfo Pérez Esquível -Sobre las Madres de Ituazaingó y el modelo productivo en la Argentina.
jueves, 1 de diciembre de 2011
Primer juicio oral por los agrotóxicos
Fuente Página 12.
La Justicia de Córdoba decidió llevar a juicio oral a tres personas acusadas de contaminar con agroquímicos el barrio de Ituzaingó, en las afueras de la capital provincial. En el lugar fueron denunciados 200 casos de cáncer, cien de ellos fatales.
La investigación de la causa fue realizada por el fiscal de instrucción Carlos Matheu y luego terminó convalidada por la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba.
La ley de agroquímicos prohíbe precisamente la aplicación aérea de determinados productos usados en las plantaciones en un radio menor a los 1500 metros (en el caso del endosulfán) y a los 500 metros (en el del glifosato) de distancia de la población urbana, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
La causa fue iniciada en 2008, cuando el entonces secretario de Salud de Córdoba, Medardo Avila Vázquez, denunció a los productores por considerar que fumigaban al lado del barrio, a pesar de la prohibición.
Las denuncias iniciales se remontan al año 2002, cuando un grupo de mujeres del barrio Ituzaingó denunció que había numerosos casos de cáncer en esa zona periférica. Las viviendas de esas personas están en un sector colindante con extensos campos cultivados. La investigación permitió detectar que casi 200 personas habían contraído cáncer y cerca de cien ya murieron. “Lamentablemente, no se hicieron los análisis del suelo ni seguimiento de chicos enfermos”, dijo Sofía Gatica, quien perdió a una hija con malformación de riñón y tiene otra hija –de 17 años– a la que ya le detectaron agroquímicos en sangre.
Por su parte y al solicitar el año pasado el enjuiciamiento de los tres imputados, el fiscal Carlos Matheu no dudó en afirmar que “estos agroquímicos son cancerígenos”.
La causa fue elevada a juicio tras constatar que la zona estaba contaminada con un cóctel tóxico, según los estudios realizados: el PCB de los transformadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) emplazados en el sector, agua contaminada con arsénico y los agrotóxicos por las fumigaciones cercanas.
El abogado Carlos Hairabedian, defensor de uno de los productores agropecuarios, consideró de todos modos que faltaban pruebas para sostener la acusación.
El uso de agroquímicos es cuestionado duramente por organizaciones ecologistas y científicos que realizan monitoreos de la situación. En ese marco, días atrás investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba dieron a conocer un informe sobre niveles significativos de metales pesados en granos de trigo en siete áreas de la provincia.
El investigador de la UNC y del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, Gonzalo Bermúdez, explicó a la agencia de divulgación del Instituto Leloir que en los granos recolectados se hallaron “metales y metaloides”, entre ellos “algunos tóxicos para la salud humana y ambiental como el plomo, cadmio, mercurio, níquel, zinc y cobre”.
“Debido a su alta estabilidad no pueden ser degradados o destruidos, por lo que tienden a acumularse en suelos y sedimentos, y a incorporarse en algunos cultivos”, acotó.
Fuente Página 12.
El mensaje de Cristina Kirchner sobre el tema:
Anunciando en la reunión del G20 un aumento de un 60 % en la producción de granos.
La Justicia de Córdoba decidió llevar a juicio oral a tres personas acusadas de contaminar con agroquímicos el barrio de Ituzaingó, en las afueras de la capital provincial. En el lugar fueron denunciados 200 casos de cáncer, cien de ellos fatales.
Por primera vez, tres personas serán
sometidas a juicio oral y público por contaminar una zona poblada con
plaguicidas peligrosos para la salud, principalmente el glifosato y el
endosulfán. Los imputados son dos productores agropecuarios y un piloto
de avión, que están acusados de llevar adelante una fumigación
clandestina en Ituzaingó, un barrio cercano a la ciudad de Córdoba.
El juicio se hará entre el 27 de febrero y el 2 de marzo en la
Cámara Primera del Crimen de Córdoba. Los imputados son los productores
agropecuarios Jorge Gabrielli y Francisco Parra, y el comerciante y
piloto Edgardo Pancello. Los tres fueron acusados de haber violado el
artículo 58 de la ley 9164 de agroquímicos, que prohíbe la aplicación
aérea de endosulfán o glifosato cerca de un sector urbano.La investigación de la causa fue realizada por el fiscal de instrucción Carlos Matheu y luego terminó convalidada por la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba.
La ley de agroquímicos prohíbe precisamente la aplicación aérea de determinados productos usados en las plantaciones en un radio menor a los 1500 metros (en el caso del endosulfán) y a los 500 metros (en el del glifosato) de distancia de la población urbana, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
La causa fue iniciada en 2008, cuando el entonces secretario de Salud de Córdoba, Medardo Avila Vázquez, denunció a los productores por considerar que fumigaban al lado del barrio, a pesar de la prohibición.
Las denuncias iniciales se remontan al año 2002, cuando un grupo de mujeres del barrio Ituzaingó denunció que había numerosos casos de cáncer en esa zona periférica. Las viviendas de esas personas están en un sector colindante con extensos campos cultivados. La investigación permitió detectar que casi 200 personas habían contraído cáncer y cerca de cien ya murieron. “Lamentablemente, no se hicieron los análisis del suelo ni seguimiento de chicos enfermos”, dijo Sofía Gatica, quien perdió a una hija con malformación de riñón y tiene otra hija –de 17 años– a la que ya le detectaron agroquímicos en sangre.
Por su parte y al solicitar el año pasado el enjuiciamiento de los tres imputados, el fiscal Carlos Matheu no dudó en afirmar que “estos agroquímicos son cancerígenos”.
La causa fue elevada a juicio tras constatar que la zona estaba contaminada con un cóctel tóxico, según los estudios realizados: el PCB de los transformadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) emplazados en el sector, agua contaminada con arsénico y los agrotóxicos por las fumigaciones cercanas.
El abogado Carlos Hairabedian, defensor de uno de los productores agropecuarios, consideró de todos modos que faltaban pruebas para sostener la acusación.
El uso de agroquímicos es cuestionado duramente por organizaciones ecologistas y científicos que realizan monitoreos de la situación. En ese marco, días atrás investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba dieron a conocer un informe sobre niveles significativos de metales pesados en granos de trigo en siete áreas de la provincia.
El investigador de la UNC y del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, Gonzalo Bermúdez, explicó a la agencia de divulgación del Instituto Leloir que en los granos recolectados se hallaron “metales y metaloides”, entre ellos “algunos tóxicos para la salud humana y ambiental como el plomo, cadmio, mercurio, níquel, zinc y cobre”.
“Debido a su alta estabilidad no pueden ser degradados o destruidos, por lo que tienden a acumularse en suelos y sedimentos, y a incorporarse en algunos cultivos”, acotó.
Fuente Página 12.
El mensaje de Cristina Kirchner sobre el tema:
Anunciando en la reunión del G20 un aumento de un 60 % en la producción de granos.
martes, 14 de junio de 2011
Fumigaciones: huelga de hambre por falta de respuesta del Defensor del Pueblo
Fuente Renace.
Fuente Renace.
Argentina: Fumigaciones: huelga de hambre por falta de respuesta del Defensor del Pueblo
En el convencimiento de que se inicia una época muy difícil y
riesgosa para millones de habitantes que viven cerca de las zonas
fumigadas, el Ing. Claudio Lowy inicia hoy una huelga de hambre ante la
Defensoría del Pueblo de la Nación para que se responda por una petición
que ya lleva casi un año sin respuesta.
POBLADORES FUMIGADOS FALTA DE RESPUESTA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Comienza la nueva campaña de la soja transgénica
12 millones de personas volverán a ser afectadas por las pulverizaciones con pesticidas
HUELGA DE HAMBRE
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2010
En el convencimiento de que se inicia una época muy difícil y riesgosa para millones de habitantes que viven cerca de las zonas fumigadas, el Ing. Claudio Lowy inicia hoy una huelga de hambre ante la Defensoría del Pueblo de la Nación para que se responda por una petición que ya lleva casi un año sin respuesta:
El Requerimiento al Defensor del Pueblo de la Nación solicitando su intervención para el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos, petición acompañada por más de 2.700 adhesiones.
Se solicita que la clasificación toxicológica de los agroquímicos considere el conjunto de todos los daños a la salud que por su toxicidad pueden generar estos productos, y no sólo la toxicidad letal aguda, como ocurre en la actualidad, asi como que los que no tengan demostrado el grado de su toxicidad subletal y crónica sean clasificadas como “sumamente peligrosos, muy tóxicos”; e identificados con banda roja.
Además, que los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos sean realizados por investigadores, empresas o laboratorios que no estén o no hayan estado vinculados a las empresas y laboratorios que patentan, elaboran o comercializan los agroquímicos.
La situación es tan grave, que la Defensoría debería haber actuado de oficio. La primera reunión con integrantes del Área Ambiental de esa institución fue en diciembre del 2009. La primera presentación del Requerimiento fue realizada el 20 de mayo del corriente, recibiendo por respuesta que la Recomendación sería emitida por la Defensoría a fin de ese mismo mes de mayo, lo que no ocurrió. Tampoco la reunión con expertos que dijeron se iba a convocar.
El pasado 30 de septiembre solicitamos se nos informara el estado de actuación de la Resolución 1.680/10, y tampoco obtuvimos respuesta. Se procuró información telefónica y se informó que las personas que llevaban la actuación estaban de licencia. Otros intentos de contacto e información tambièn fueron infructuosos.
Por todo ello, en el día de hoy se inicia una huelga de hambre con presencia efectiva en la entrada de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Se anexa la presentación completa.
La noticia no es la huelga de hambre. La noticia son los millones de personas afectadas por las fumigaciones; y la falta de respuesta del Defensor del Pueblo de la Nación al Requerimiento que podría brindarles protección y seguridad. Por ello, indicamos a los medios y a la población en general las formas de contacto con el Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Anselmo Sella, así como con algunos de los muchos afectados para que hablen directamente con ellos.
Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Anselmo Sella:
Secretaría: (011) 4819-1602 begin_of_the_skype_highlighting (011) 4819-1602 end_of_the_skype_highlighting – Defensoría: 0810.333.3762 • Fax: (011) 4819-1581
Defensoría del Pueblo de la Nación
CONTACTOS CON VECINOS FUMIGADOS
En San Jorge, Pcia de Santa Fe:
Esteban Roglich (03406) 45-6061 begin_of_the_skype_highlighting (03406) 45-6061 end_of_the_skype_highlighting
Viviana Peralta (03406) 42-7781 begin_of_the_skype_highlighting (03406) 42-7781 end_of_the_skype_highlighting
David Ercole (03406) 45-9109 begin_of_the_skype_highlighting (03406) 45-9109 end_of_the_skype_highlighting
En Estación Diaz, Santa Fe:
Domingo Raul Rodriguez: 3466411861
En Desvío Arijón, Santa Fe:
Liana Alonso (0342) 155196167
En Rufino, Santa Fe:
Betina Righetti (03382) 45-7940 begin_of_the_skype_highlighting (03382) 45-7940 end_of_the_skype_highlighting
En San Agustin, Balcarce, Bs As:
Clelia Voiuilloz (0223) 155 950490
Enrique Valiente (02266) 491114 begin_of_the_skype_highlighting (02266) 491114 end_of_the_skype_highlighting
En Mar del Plata, Bs As:
Marcos Yedaide (0223) 155671263
En La Leonesa, Chaco:
Elio Servín (03722) 15213195
Madre de niño con Leucemia Linfoblástica Aguda – Laura Mazitelli (03722) 15 738467
En Ituzaingó Anexo, Cordoba:
Sofía Gatica, madres de Barrio Ituzaingó (0351) 4970853 (0351) 156123918
En San Pedro, Bs As:
María José Cés (03329) 15515312
En Rojas, Bs As:
Eugenio Freire (02475) 15410182
En Los Toldos, Bs As:
Margot Goycochea (0236) 2527694 begin_of_the_skype_highlighting (0236) 2527694 end_of_the_skype_highlighting
En Rosario, Santa Fe:
Dr. Víctor H. Smith (0341) 4376644 begin_of_the_skype_highlighting (0341) 4376644 end_of_the_skype_highlighting
En Saladillo, Bs As:
Juan Burgos (02344) 454984 begin_of_the_skype_highlighting (02344) 454984 end_of_the_skype_highlighting
En Basavilbaso, Entre Rios:
Fabián Tomassi (03445) 481801 begin_of_the_skype_highlighting (03445) 481801 end_of_the_skype_highlighting
Ing. Claudio Lowy – (011) 15-6467-5187
ecolowy@yahoo.com.ar
ANEXO:
PRESENTACION COMPLETA AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2010.-
Sr. Adjunto I,
A cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación,
Dr. Anselmo Sella
Ref.: Apoyo al Requerimiento de cambio de la metodología en la clasificación de los agroquímicos.
Actuación 1.680/10. Huelga de hambre.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de manifestarle mi decepción y rechazo por la notoria negligencia con que la Defensoría a su cargo ha tomado el Requerimiento al Defensor del Pueblo de la Nación solicitando su intervención para el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos, que ya cuenta con más de 2.700 adhesiones de ciudadanas y ciudadanos argentinos de todo el país que manifiestan con su firma y su DNI en planillas de papel, el rechazo a los riesgos y daños a la salud que generan los agroquímicos; y peticionan que:
1. La clasificación toxicológica de los agroquímicos considere el conjunto de todos los daños a la salud que por su toxicidad pueden generar estos productos, y no sólo la toxicidad letal aguda, como ocurre en la actualidad.
2. Los agroquímicos cuyo uso sea autorizado y no tengan demostrado el grado de su toxicidad tanto en las dosis letales agudas, como en las subletales y las crónicas sean clasificadas como “Ia: sumamente peligrosos, muy tóxicos”; e identificados con banda roja.
3. Los formulados de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor, que puede corresponder a la del componente más tóxico, o al del formulado considerado integralmente.
4. Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos sean realizados por investigadores, empresas y/o laboratorios que no estén y/o no hayan estado vinculados de alguna manera a las empresas y laboratorios que patentan, elaboran y/o comercializan los agroquímicos.
Como se explica en los vistos del Requerimiento, la metodología de clasificación de los agroquímicos utilizada según la Resolución 350/99 de la entonces Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca, es la Dosis Letal Aguda 50 % (DL50). Esta metodología no contempla la toxicidad subletal ni la toxicidad crónica, por lo que los pesticidas son clasificados de una manera mucho más benigna de lo que correspondería; además de los otros aspectos de la petición ya indicados.
La aplicación de la propuesta haría que los agroquímicos quedaran clasificados con una toxicidad mayor, que correspondería a los riesgos y desconocimientos reales de los daños que pueden provocar en la salud y en el ambiente. Las normas de diferentes provincias e incluso locales obligan a la aplicación más alejada de las viviendas cuanto mayor es la clasificación toxicológica del producto; por lo que la reclasificación propuesta implicará el alejamiento de las pulverizaciones de los lugares donde vive la gente, que hoy se está haciendo del otro lado de la calle o de la medianera de las casas.
El caso más significativo por la cantidad usada es el de los formulados del glifosato, que suelen contener coadyuvantes que son más tóxicos que el principio activo. La deficiencia de la metodología se pone de manifiesto nuevamente con el hecho de que hasta el 2009 fue considerado Clase IV (la menor toxicidad) e identificado con banda verde, y recién en el 2009 fue clasificado como clase III, sin tener en cuenta, todavía, la mayoría de los daños subletales y crónicos que puede producir. Hasta ese momento se inducía su aplicación en forma poco cuidadosa y desaprensiva, ya que los envases de sus formulados eran señalizados con la Banda Verde. Es claro que la banda azul que corresponde a la clase III tampoco es indicadora de la toxicidad real de esos formulados.
La competencia de la Defensoría
La situación es tan grave, que la Defensoría debería haber actuado de oficio:
· La Resolución citada 350/99 que regula la autorización y clasificación de los agroquímicos en la Argentina es una norma del Poder Ejecutivo Nacional, cuya aplicación produce daños en forma sistemática, y que puede ser modificada por otros dos tipos de norma del mismo Ejecutivo: otra Resolución o un Decreto Presidencial.
· El tema es claramente de la competencia de la Defensoría, ya que se trata de hechos u omisiones de la administración pública nacional y sus agentes, que implican el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos, tal como lo indica el artículo 14 de la Ley 24.284.
· El artículo 15 de la misma ley establece que el defensor del Pueblo debe prestar especial atención a aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática y general de la administración pública, procurando prever los mecanismos que permitan eliminar o disminuir dicho carácter.
La falla sistemática a que hace referencia este último artículo está claramente presente en este caso, ya que la metodología de clasificación DL50 en forma sistemática otorga a los pesticidas una clasificación toxicológica que afecta a todos los pesticidas al no exigir que se consideren las toxicidades crónicas ni las subletales, por lo que sistemáticamente son clasificados como si fueran mucho menos tóxicos de lo que en realidad son, tal como se indica en la Actuación 1.680/10.
Cabe señalar aquí los contenidos de los Considerandos del Requerimiento:
Que el artículo 41 de la Constitución Nacional dice: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo.”
Que la Ley 25.675, denominada Ley General del Ambiente, define al principio precautorio en su art. 4 en los siguientes términos: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Que este principio precautorio es sustento de la inversión de la carga de la prueba.
Que, consecuentemente, no somos los habitantes de la Nación los que debemos demostrar que los agroquímicos y los procesos productivos nos causan daño; sino que es el Estado que aprueba su uso y las empresas que los patentan, producen, comercializan, utilizan o inducen su utilización las que deben demostrar que no nos causan daño.
Que el Estado debe garantizarnos que esas demostraciones son válidas.
Reuniones, consultas y actividades en común con la Defensoría
La primera reunión por este tema la tuvimos con integrantes del Área Ambiental de esa institución en diciembre del 2009, hace ya casi un año. La primera presentación del Requerimiento fue realizada el 20 de mayo del corriente, quedando individualizada como Actuación 1.680/10, con la adhesión de 1.036 firmas. En ese momento se nos dijo que con el estado de avance conjunto de la actuación, a más tardar la Recomendación sería emitida por la Defensoría a fin de ese mismo mes de mayo, lo que no ocurrió.
Se nos dijo que era necesario realizar una reunión de expertos, médicos, ingenieros agrónomos, bioquímicos; incluso en forma conjunta con el personal del Área Ambiental elaboramos listas de posibles participantes de esa reunión, que nunca fue convocada.
En los meses siguientes se hicieron presentaciones de adhesiones adicionales al Requerimiento, completando a la fecha la cantidad indicada arriba.
Varias veces en estos meses solicitamos se nos informe acerca del estado de la tramitación, y se nos respondió en cada oportunidad otra cosa: que estaba por salir, que había vuelto, que ya estaba, que había que agregarle información, que era necesario hacer una consulta. Salvo la primera y frustrada respuesta de que saldría a fines de mayo, nunca hubo una información sobre el estado del trámite que permitiera avizorar una fecha de emisión de la recomendación. El 30 de septiembre solicitamos por escrito se nos informara el estado de actuación de la Resolución 1.680/10, y tampoco obtuvimos respuesta.
El estado de riesgo actual
Los daños a la salud de la población afectada asociados a la pulverización de pesticidas está documentada por numerosos estudios de instituciones oficiales y no oficiales que son independientes de las empresas que producen, comercializan, patentan o inducen el uso de estos productos.
A los estudios y casos a que hace muy bien referencia la Resolución Nº 331 de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fé, de diciembre de 2009, confirmando la prohibición de fumigar a menos de 800 mts. de las viviendas en el Barrio Urquiza de la ciudad de San Jorge por vía terrestre y a 1500 mts como mínimo por vía aérea, hay que agregarle los informes y comunicados posteriores vinculados a las solicitudes del Requerimiento:
· Así como otros investigadores en momentos anteriores, el Dr. Alberto Cassano Profesor Titular Consulto de la UNL. Investigador Superior Emérito del Conicet señala en un comunicado del 15/7/2010, como ya lo habían expresado anteriormente otros investigadores, que la recomendación de la EPA estadounidense para la aprobación del glifosato, se basa fundamentalmente en el trabajo de Williams y colaboradores que fue realizado en conjunto con y financiado por Monsanto.
· El informe de la Universidad Nacional del Litoral del 10 de Septiembre de 2010, respondiendo a la Demanda de la justicia de Santa Fe en el caso citado anteriormente, a pesar de ser muy cuestionable en muchos aspectos, entre otros que no explicita con claridad la necesidad de aplicar el principio precautorio, expresa en sus “Conclusiones, Consideraciones y recomendaciones generales” partes de los riesgos, prevenciones y estudios que habría que hacer y tener en cuenta, y que no se hacen, para limitar los daños de los agroquímicos a la salud y al ambiente, así como reconoce daños originados en el uso de los formulados del glifosato que son sistemáticamente ignorados. Esas conclusiones se adjuntan como Anexo I (se pueden consultar en aquí) .
· El gobernador del Chaco creó en diciembre del 2009 la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, que entregó en junio/2010 el denominado “Primer Informe” a la Casa de Gobierno provincial y en el Ministerio de Salud local. Señala que los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en la última década. . Los casos de cáncer están focalizados en la localidad de La Leonesa, cercana a Resistencia y epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas. La Justicia ordenó frenar las fumigaciones y exigió urgentes estudios de impacto ambiental.
Y dice el informe: “Respecto de patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas, se observa un mayor número de casos anuales a partir de 2002. En La Leonesa, en el período 2000-2009 se comprueba un incremento notable, que triplica la ocurrencia de cánceres en niños”. Observando la multicausalidad del cáncer, indica la única de esas causas que varió juntamente con las enfermedades: “Este incremento de la casuística coincide con la expansión de la frontera agrícola (…) vulnerando la salud de la población, debido a que las prácticas y técnicas de cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas cuyo principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos.
· El informe del 1er ENCUENTRO DE MEDICOS DE PUEBLOS FUMIGADOS realizado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba en agosto de este año, que se adjunta como Anexo II (se puede consultar en www.hoylauniversidad.unc.edu.ar/2010/septiembre/primer_encuentro_pueblos_fumigados_2010.pdf) , señala:
Los cultivos transgénicos sujetos a fumigación sistemática cubren 22 millones de has. pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, La Pampa y Corrientes. En esta enorme extensión del país, en los pueblos, rodeados de campos, viven por lo menos 12 millones de habitantes, según lo calculado por geógrafos de la UNC, sin contar la población de las grandes ciudades en cada provincia.
Estos doce millones de argentinos son fumigados directamente, es decir que, reciben una parte suficiente de esos 300 millones de litros de agrotóxicos sobre sus casas, escuelas, parques, fuentes de agua, predios deportivos, lugares de trabajo: sobre sus vidas. Esta población es la población a cargo de los médicos de los pueblos fumigados, en la que observamos incrementos alarmantes de grandes y significativas cantidades de cánceres, malformaciones y trastornos reproductivos, hoy ya inocultables.
La realidad es incontrastable, como lo demuestra por ejemplo, la georeferenciación realizada por las madres de Bº Ituzaingó y el equipo de atención primaria de la Municipalidad de Córdoba, en el año 2005, de los casos de Bº Ituzaingó, donde si bien actuaron otros contaminantes, los agroquímicos tuvieron un papel relevante.
La situación es aún más gravosa dado que es en este el período del año, en noviembre, cuando se inicia la siembra de la soja en las 20 millones de hectáreas, con la aplicación, en números redondos, de 200 millones de litros de formulados del glifosato, el principal pesticida utilizado en la agricultura de monocultivo con agroquímicos en nuestro país, que afectará la salud y la calidad de vida de unos 12 millones de personas que tienen sus viviendas a distancias cercanas a los campos donde los pesticidas son rociados por aire con aviones y por tierra con los denominados mosquitos.
Como se expresa arriba, la clasificación benigna de este pesticida, tal como se indica en el Requerimiento, permite que sea aplicado cerca de las poblaciones, ya que las normas provinciales y locales definen menores espacios libres de aplicación cuánto menor clasificación toxicológica tiene el producto aplicado. Esas aplicaciones harán correr el riesgo a esas poblaciones de los cánceres, especialmente en niños, las malformaciones congénitas, los abortos espontáneos, las alergias, los daños oculares, y tantos otros daños que señalan estudios oficiales y no oficiales de investigadores independientes de las empresas que comercializan el producto y el paquete tecnológico vinculado a ese cultivo.
Por eso, señor Defensor del Pueblo de la Nación a cargo, Dr. Anselmo Sella, es tan necesario que usted actúe rápidamente según lo que se le solicita en el Requerimiento para el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos.
El apoyo al Requerimiento y la protesta por la negligencia
Dada la urgencia de la situación y las infructuosas tramitaciones realizadas hasta el momento ante la Defensoría a su cargo, no me queda otra alternativa que el inicio de una huelga de hambre en apoyo al Requerimiento y en protesta por la negligencia puesta de manifiesto por la Defensoría a su cargo.
Dado el riesgo a mi seguridad personal por los intereses económicos y políticos en juego, copia de esta nota, adjuntando la documentación correspondiente, será remitida a
· Los movimientos sociales articulados en la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) y a la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).
· La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
· Amnistía Internacional
· Consulados de países integrantes del MERCOSUR.
· El Consulado de España en mi condición de ciudadano español, y de países de la UE.
· La UNESCO
· Las agencias de noticias nacionales e internacionales.
Adjunto:
· Anexo I: Punto 8 del Informe de la Universidad Nacional del Litoral: “Conclusiones, Consideraciones y recomendaciones generales”, respondiendo a la Demanda de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fé
· Anexo II: El informe del 1er ENCUENTRO DE MEDICOS DE PUEBLOS FUMIGADOS realizado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba en agosto de 2010.
Lo saludo atte.
Claudio Lowy
DNI Argentino: 7.693.032
DNI Español: 41591763-N
Ingeniero Forestal- (UNLP)
Master en Desarrollo Humano Sostenible-Cátedra UNESCO- Universidad de Girona
Doctorando en ciencias Sociales-UBA
Comienza la nueva campaña de la soja transgénica
12 millones de personas volverán a ser afectadas por las pulverizaciones con pesticidas
HUELGA DE HAMBRE
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2010
En el convencimiento de que se inicia una época muy difícil y riesgosa para millones de habitantes que viven cerca de las zonas fumigadas, el Ing. Claudio Lowy inicia hoy una huelga de hambre ante la Defensoría del Pueblo de la Nación para que se responda por una petición que ya lleva casi un año sin respuesta:
El Requerimiento al Defensor del Pueblo de la Nación solicitando su intervención para el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos, petición acompañada por más de 2.700 adhesiones.
Se solicita que la clasificación toxicológica de los agroquímicos considere el conjunto de todos los daños a la salud que por su toxicidad pueden generar estos productos, y no sólo la toxicidad letal aguda, como ocurre en la actualidad, asi como que los que no tengan demostrado el grado de su toxicidad subletal y crónica sean clasificadas como “sumamente peligrosos, muy tóxicos”; e identificados con banda roja.
Además, que los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos sean realizados por investigadores, empresas o laboratorios que no estén o no hayan estado vinculados a las empresas y laboratorios que patentan, elaboran o comercializan los agroquímicos.
La situación es tan grave, que la Defensoría debería haber actuado de oficio. La primera reunión con integrantes del Área Ambiental de esa institución fue en diciembre del 2009. La primera presentación del Requerimiento fue realizada el 20 de mayo del corriente, recibiendo por respuesta que la Recomendación sería emitida por la Defensoría a fin de ese mismo mes de mayo, lo que no ocurrió. Tampoco la reunión con expertos que dijeron se iba a convocar.
El pasado 30 de septiembre solicitamos se nos informara el estado de actuación de la Resolución 1.680/10, y tampoco obtuvimos respuesta. Se procuró información telefónica y se informó que las personas que llevaban la actuación estaban de licencia. Otros intentos de contacto e información tambièn fueron infructuosos.
Por todo ello, en el día de hoy se inicia una huelga de hambre con presencia efectiva en la entrada de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Se anexa la presentación completa.
La noticia no es la huelga de hambre. La noticia son los millones de personas afectadas por las fumigaciones; y la falta de respuesta del Defensor del Pueblo de la Nación al Requerimiento que podría brindarles protección y seguridad. Por ello, indicamos a los medios y a la población en general las formas de contacto con el Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Anselmo Sella, así como con algunos de los muchos afectados para que hablen directamente con ellos.
Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Anselmo Sella:
Secretaría: (011) 4819-1602 begin_of_the_skype_highlighting (011) 4819-1602 end_of_the_skype_highlighting – Defensoría: 0810.333.3762 • Fax: (011) 4819-1581
Defensoría del Pueblo de la Nación
CONTACTOS CON VECINOS FUMIGADOS
En San Jorge, Pcia de Santa Fe:
Esteban Roglich (03406) 45-6061 begin_of_the_skype_highlighting (03406) 45-6061 end_of_the_skype_highlighting
Viviana Peralta (03406) 42-7781 begin_of_the_skype_highlighting (03406) 42-7781 end_of_the_skype_highlighting
David Ercole (03406) 45-9109 begin_of_the_skype_highlighting (03406) 45-9109 end_of_the_skype_highlighting
En Estación Diaz, Santa Fe:
Domingo Raul Rodriguez: 3466411861
En Desvío Arijón, Santa Fe:
Liana Alonso (0342) 155196167
En Rufino, Santa Fe:
Betina Righetti (03382) 45-7940 begin_of_the_skype_highlighting (03382) 45-7940 end_of_the_skype_highlighting
En San Agustin, Balcarce, Bs As:
Clelia Voiuilloz (0223) 155 950490
Enrique Valiente (02266) 491114 begin_of_the_skype_highlighting (02266) 491114 end_of_the_skype_highlighting
En Mar del Plata, Bs As:
Marcos Yedaide (0223) 155671263
En La Leonesa, Chaco:
Elio Servín (03722) 15213195
Madre de niño con Leucemia Linfoblástica Aguda – Laura Mazitelli (03722) 15 738467
En Ituzaingó Anexo, Cordoba:
Sofía Gatica, madres de Barrio Ituzaingó (0351) 4970853 (0351) 156123918
En San Pedro, Bs As:
María José Cés (03329) 15515312
En Rojas, Bs As:
Eugenio Freire (02475) 15410182
En Los Toldos, Bs As:
Margot Goycochea (0236) 2527694 begin_of_the_skype_highlighting (0236) 2527694 end_of_the_skype_highlighting
En Rosario, Santa Fe:
Dr. Víctor H. Smith (0341) 4376644 begin_of_the_skype_highlighting (0341) 4376644 end_of_the_skype_highlighting
En Saladillo, Bs As:
Juan Burgos (02344) 454984 begin_of_the_skype_highlighting (02344) 454984 end_of_the_skype_highlighting
En Basavilbaso, Entre Rios:
Fabián Tomassi (03445) 481801 begin_of_the_skype_highlighting (03445) 481801 end_of_the_skype_highlighting
Ing. Claudio Lowy – (011) 15-6467-5187
ecolowy@yahoo.com.ar
ANEXO:
PRESENTACION COMPLETA AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2010.-
Sr. Adjunto I,
A cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación,
Dr. Anselmo Sella
Ref.: Apoyo al Requerimiento de cambio de la metodología en la clasificación de los agroquímicos.
Actuación 1.680/10. Huelga de hambre.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de manifestarle mi decepción y rechazo por la notoria negligencia con que la Defensoría a su cargo ha tomado el Requerimiento al Defensor del Pueblo de la Nación solicitando su intervención para el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos, que ya cuenta con más de 2.700 adhesiones de ciudadanas y ciudadanos argentinos de todo el país que manifiestan con su firma y su DNI en planillas de papel, el rechazo a los riesgos y daños a la salud que generan los agroquímicos; y peticionan que:
1. La clasificación toxicológica de los agroquímicos considere el conjunto de todos los daños a la salud que por su toxicidad pueden generar estos productos, y no sólo la toxicidad letal aguda, como ocurre en la actualidad.
2. Los agroquímicos cuyo uso sea autorizado y no tengan demostrado el grado de su toxicidad tanto en las dosis letales agudas, como en las subletales y las crónicas sean clasificadas como “Ia: sumamente peligrosos, muy tóxicos”; e identificados con banda roja.
3. Los formulados de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor, que puede corresponder a la del componente más tóxico, o al del formulado considerado integralmente.
4. Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos sean realizados por investigadores, empresas y/o laboratorios que no estén y/o no hayan estado vinculados de alguna manera a las empresas y laboratorios que patentan, elaboran y/o comercializan los agroquímicos.
Como se explica en los vistos del Requerimiento, la metodología de clasificación de los agroquímicos utilizada según la Resolución 350/99 de la entonces Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca, es la Dosis Letal Aguda 50 % (DL50). Esta metodología no contempla la toxicidad subletal ni la toxicidad crónica, por lo que los pesticidas son clasificados de una manera mucho más benigna de lo que correspondería; además de los otros aspectos de la petición ya indicados.
La aplicación de la propuesta haría que los agroquímicos quedaran clasificados con una toxicidad mayor, que correspondería a los riesgos y desconocimientos reales de los daños que pueden provocar en la salud y en el ambiente. Las normas de diferentes provincias e incluso locales obligan a la aplicación más alejada de las viviendas cuanto mayor es la clasificación toxicológica del producto; por lo que la reclasificación propuesta implicará el alejamiento de las pulverizaciones de los lugares donde vive la gente, que hoy se está haciendo del otro lado de la calle o de la medianera de las casas.
El caso más significativo por la cantidad usada es el de los formulados del glifosato, que suelen contener coadyuvantes que son más tóxicos que el principio activo. La deficiencia de la metodología se pone de manifiesto nuevamente con el hecho de que hasta el 2009 fue considerado Clase IV (la menor toxicidad) e identificado con banda verde, y recién en el 2009 fue clasificado como clase III, sin tener en cuenta, todavía, la mayoría de los daños subletales y crónicos que puede producir. Hasta ese momento se inducía su aplicación en forma poco cuidadosa y desaprensiva, ya que los envases de sus formulados eran señalizados con la Banda Verde. Es claro que la banda azul que corresponde a la clase III tampoco es indicadora de la toxicidad real de esos formulados.
La competencia de la Defensoría
La situación es tan grave, que la Defensoría debería haber actuado de oficio:
· La Resolución citada 350/99 que regula la autorización y clasificación de los agroquímicos en la Argentina es una norma del Poder Ejecutivo Nacional, cuya aplicación produce daños en forma sistemática, y que puede ser modificada por otros dos tipos de norma del mismo Ejecutivo: otra Resolución o un Decreto Presidencial.
· El tema es claramente de la competencia de la Defensoría, ya que se trata de hechos u omisiones de la administración pública nacional y sus agentes, que implican el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos, tal como lo indica el artículo 14 de la Ley 24.284.
· El artículo 15 de la misma ley establece que el defensor del Pueblo debe prestar especial atención a aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática y general de la administración pública, procurando prever los mecanismos que permitan eliminar o disminuir dicho carácter.
La falla sistemática a que hace referencia este último artículo está claramente presente en este caso, ya que la metodología de clasificación DL50 en forma sistemática otorga a los pesticidas una clasificación toxicológica que afecta a todos los pesticidas al no exigir que se consideren las toxicidades crónicas ni las subletales, por lo que sistemáticamente son clasificados como si fueran mucho menos tóxicos de lo que en realidad son, tal como se indica en la Actuación 1.680/10.
Cabe señalar aquí los contenidos de los Considerandos del Requerimiento:
Que el artículo 41 de la Constitución Nacional dice: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo.”
Que la Ley 25.675, denominada Ley General del Ambiente, define al principio precautorio en su art. 4 en los siguientes términos: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Que este principio precautorio es sustento de la inversión de la carga de la prueba.
Que, consecuentemente, no somos los habitantes de la Nación los que debemos demostrar que los agroquímicos y los procesos productivos nos causan daño; sino que es el Estado que aprueba su uso y las empresas que los patentan, producen, comercializan, utilizan o inducen su utilización las que deben demostrar que no nos causan daño.
Que el Estado debe garantizarnos que esas demostraciones son válidas.
Reuniones, consultas y actividades en común con la Defensoría
La primera reunión por este tema la tuvimos con integrantes del Área Ambiental de esa institución en diciembre del 2009, hace ya casi un año. La primera presentación del Requerimiento fue realizada el 20 de mayo del corriente, quedando individualizada como Actuación 1.680/10, con la adhesión de 1.036 firmas. En ese momento se nos dijo que con el estado de avance conjunto de la actuación, a más tardar la Recomendación sería emitida por la Defensoría a fin de ese mismo mes de mayo, lo que no ocurrió.
Se nos dijo que era necesario realizar una reunión de expertos, médicos, ingenieros agrónomos, bioquímicos; incluso en forma conjunta con el personal del Área Ambiental elaboramos listas de posibles participantes de esa reunión, que nunca fue convocada.
En los meses siguientes se hicieron presentaciones de adhesiones adicionales al Requerimiento, completando a la fecha la cantidad indicada arriba.
Varias veces en estos meses solicitamos se nos informe acerca del estado de la tramitación, y se nos respondió en cada oportunidad otra cosa: que estaba por salir, que había vuelto, que ya estaba, que había que agregarle información, que era necesario hacer una consulta. Salvo la primera y frustrada respuesta de que saldría a fines de mayo, nunca hubo una información sobre el estado del trámite que permitiera avizorar una fecha de emisión de la recomendación. El 30 de septiembre solicitamos por escrito se nos informara el estado de actuación de la Resolución 1.680/10, y tampoco obtuvimos respuesta.
El estado de riesgo actual
Los daños a la salud de la población afectada asociados a la pulverización de pesticidas está documentada por numerosos estudios de instituciones oficiales y no oficiales que son independientes de las empresas que producen, comercializan, patentan o inducen el uso de estos productos.
A los estudios y casos a que hace muy bien referencia la Resolución Nº 331 de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fé, de diciembre de 2009, confirmando la prohibición de fumigar a menos de 800 mts. de las viviendas en el Barrio Urquiza de la ciudad de San Jorge por vía terrestre y a 1500 mts como mínimo por vía aérea, hay que agregarle los informes y comunicados posteriores vinculados a las solicitudes del Requerimiento:
· Así como otros investigadores en momentos anteriores, el Dr. Alberto Cassano Profesor Titular Consulto de la UNL. Investigador Superior Emérito del Conicet señala en un comunicado del 15/7/2010, como ya lo habían expresado anteriormente otros investigadores, que la recomendación de la EPA estadounidense para la aprobación del glifosato, se basa fundamentalmente en el trabajo de Williams y colaboradores que fue realizado en conjunto con y financiado por Monsanto.
· El informe de la Universidad Nacional del Litoral del 10 de Septiembre de 2010, respondiendo a la Demanda de la justicia de Santa Fe en el caso citado anteriormente, a pesar de ser muy cuestionable en muchos aspectos, entre otros que no explicita con claridad la necesidad de aplicar el principio precautorio, expresa en sus “Conclusiones, Consideraciones y recomendaciones generales” partes de los riesgos, prevenciones y estudios que habría que hacer y tener en cuenta, y que no se hacen, para limitar los daños de los agroquímicos a la salud y al ambiente, así como reconoce daños originados en el uso de los formulados del glifosato que son sistemáticamente ignorados. Esas conclusiones se adjuntan como Anexo I (se pueden consultar en aquí) .
· El gobernador del Chaco creó en diciembre del 2009 la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, que entregó en junio/2010 el denominado “Primer Informe” a la Casa de Gobierno provincial y en el Ministerio de Salud local. Señala que los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en la última década. . Los casos de cáncer están focalizados en la localidad de La Leonesa, cercana a Resistencia y epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas. La Justicia ordenó frenar las fumigaciones y exigió urgentes estudios de impacto ambiental.
Y dice el informe: “Respecto de patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas, se observa un mayor número de casos anuales a partir de 2002. En La Leonesa, en el período 2000-2009 se comprueba un incremento notable, que triplica la ocurrencia de cánceres en niños”. Observando la multicausalidad del cáncer, indica la única de esas causas que varió juntamente con las enfermedades: “Este incremento de la casuística coincide con la expansión de la frontera agrícola (…) vulnerando la salud de la población, debido a que las prácticas y técnicas de cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas cuyo principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos.
· El informe del 1er ENCUENTRO DE MEDICOS DE PUEBLOS FUMIGADOS realizado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba en agosto de este año, que se adjunta como Anexo II (se puede consultar en www.hoylauniversidad.unc.edu.ar/2010/septiembre/primer_encuentro_pueblos_fumigados_2010.pdf) , señala:
Los cultivos transgénicos sujetos a fumigación sistemática cubren 22 millones de has. pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, La Pampa y Corrientes. En esta enorme extensión del país, en los pueblos, rodeados de campos, viven por lo menos 12 millones de habitantes, según lo calculado por geógrafos de la UNC, sin contar la población de las grandes ciudades en cada provincia.
Estos doce millones de argentinos son fumigados directamente, es decir que, reciben una parte suficiente de esos 300 millones de litros de agrotóxicos sobre sus casas, escuelas, parques, fuentes de agua, predios deportivos, lugares de trabajo: sobre sus vidas. Esta población es la población a cargo de los médicos de los pueblos fumigados, en la que observamos incrementos alarmantes de grandes y significativas cantidades de cánceres, malformaciones y trastornos reproductivos, hoy ya inocultables.
La realidad es incontrastable, como lo demuestra por ejemplo, la georeferenciación realizada por las madres de Bº Ituzaingó y el equipo de atención primaria de la Municipalidad de Córdoba, en el año 2005, de los casos de Bº Ituzaingó, donde si bien actuaron otros contaminantes, los agroquímicos tuvieron un papel relevante.
La situación es aún más gravosa dado que es en este el período del año, en noviembre, cuando se inicia la siembra de la soja en las 20 millones de hectáreas, con la aplicación, en números redondos, de 200 millones de litros de formulados del glifosato, el principal pesticida utilizado en la agricultura de monocultivo con agroquímicos en nuestro país, que afectará la salud y la calidad de vida de unos 12 millones de personas que tienen sus viviendas a distancias cercanas a los campos donde los pesticidas son rociados por aire con aviones y por tierra con los denominados mosquitos.
Como se expresa arriba, la clasificación benigna de este pesticida, tal como se indica en el Requerimiento, permite que sea aplicado cerca de las poblaciones, ya que las normas provinciales y locales definen menores espacios libres de aplicación cuánto menor clasificación toxicológica tiene el producto aplicado. Esas aplicaciones harán correr el riesgo a esas poblaciones de los cánceres, especialmente en niños, las malformaciones congénitas, los abortos espontáneos, las alergias, los daños oculares, y tantos otros daños que señalan estudios oficiales y no oficiales de investigadores independientes de las empresas que comercializan el producto y el paquete tecnológico vinculado a ese cultivo.
Por eso, señor Defensor del Pueblo de la Nación a cargo, Dr. Anselmo Sella, es tan necesario que usted actúe rápidamente según lo que se le solicita en el Requerimiento para el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos.
El apoyo al Requerimiento y la protesta por la negligencia
Dada la urgencia de la situación y las infructuosas tramitaciones realizadas hasta el momento ante la Defensoría a su cargo, no me queda otra alternativa que el inicio de una huelga de hambre en apoyo al Requerimiento y en protesta por la negligencia puesta de manifiesto por la Defensoría a su cargo.
Dado el riesgo a mi seguridad personal por los intereses económicos y políticos en juego, copia de esta nota, adjuntando la documentación correspondiente, será remitida a
· Los movimientos sociales articulados en la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) y a la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).
· La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
· Amnistía Internacional
· Consulados de países integrantes del MERCOSUR.
· El Consulado de España en mi condición de ciudadano español, y de países de la UE.
· La UNESCO
· Las agencias de noticias nacionales e internacionales.
Adjunto:
· Anexo I: Punto 8 del Informe de la Universidad Nacional del Litoral: “Conclusiones, Consideraciones y recomendaciones generales”, respondiendo a la Demanda de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fé
· Anexo II: El informe del 1er ENCUENTRO DE MEDICOS DE PUEBLOS FUMIGADOS realizado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba en agosto de 2010.
Lo saludo atte.
Claudio Lowy
DNI Argentino: 7.693.032
DNI Español: 41591763-N
Ingeniero Forestal- (UNLP)
Master en Desarrollo Humano Sostenible-Cátedra UNESCO- Universidad de Girona
Doctorando en ciencias Sociales-UBA
Fuente Renace.
miércoles, 18 de mayo de 2011
Carapachay-17/5/11 FUMIGARON VIAS y VIDAS
Fuente Nogal de Vida.
VECINOS DE CARAPACHAY DESCUBREN CONTAMINADORES DE LOGIWAY PULVERIZANDO VENENOS DESDE LAS VIAS ... Y SE VAN CORRIENDO:
CRONICA de ENVENENAMIENTO :
Nos acercamos con Ernesto, entablamos
un dialogo, nos dijeron que el liquido que usaban era para matar el
pasto, no sabían de su nombre ni de su peligrosidad. Les explicamos que
es lo mismo que se usa en el campo para la soja, de las concecuencias
nefastas para la salud de los seres vivos, de las microparticulas que
vuelan hasta 800 metros a la redonda, de las leyes nacionales,
provinciales y ordenanzas municipales que prohiben la fumigaciónes...
Más de un trabajador tenía
derramado "GLIFOSATO" sobre sus ropas, manifestaron que hace años que
trabajan en esto y " que le vamos hacer, es nuestro trabajo", otro
enojado nos desfiaba a discutir todo, porque " esto que hacemos está
mal, pero todo está mal"...
Hablamos con empleados de FERROVIAS que se interesaron y desconocían el tema.
Habría que ver qué dice la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación , el Ministerio de Salud y la ART.
Estas personas no saben que producto aplican, ni qué dosis.
Están transportando sustancias tóxicas por todo el Municipio: Todo esto está reglamentado y se debe buscar a los responsables de este delito por contaminación ambiental.
Tambores sin membrete. Pulverizan a los vecinos... La CNRT dice que usa cócteles con Glifosato.
ART 13 ( APLICAR A MAS DE 3 KM )
http://www.guiafitosanitaria.com.ar/fitoleg/archivos/ENTRE%20RIOS%20Ley_6599_80_PLAGUICIDAS.pdf
Fuente Nogal de Vida.
martes, 12 de abril de 2011
LOS PILOTOS DE LA MUERTE
Los tripulantes del Skyvan de Prefectura, Enrique José De Saint Georges, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino, fueron identificados en el vuelo que arrojó al mar a Azucena Villaflor y a la monja francesa Léonie Duquet.
Fuente Página 12.
Confieso que cuando leí el título pensé en otros pilotos de la muerte:
¿Alguna vez habrá cárcel para los responsables por este modelo de muerte?, ¿o habrá que esperar 35 años?
Mientras tanto es bueno que los responsables por el genocidio anterior vayan presos....
Fuente Página 12.
Confieso que cuando leí el título pensé en otros pilotos de la muerte:
¿Alguna vez habrá cárcel para los responsables por este modelo de muerte?, ¿o habrá que esperar 35 años?
Mientras tanto es bueno que los responsables por el genocidio anterior vayan presos....
¿Y los responsables por el genocidio actual?
lunes, 15 de noviembre de 2010
Un nuevo estudio para los agrotóxicos
Fuente Página 12.SOCIEDAD › LA DEFENSORIA DEL PUEBLO PIDIO RECLASIFICAR LOS VENENOS USADOS EN EL CAMPO
Un nuevo estudio para los agrotóxicos
En su dictamen, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Agricultura que profundice los estudios sobre agroquímicos y pidió que la recategorización de su toxicidad se base en resultados independientes y no en los presentados por las empresas.
Por Darío Aranda
Las empresas de agroquímicas defienden la baja toxicidad de sus productos con una metodología polémica: hacen hincapié en los efectos agudos, la exposición a corto plazo y con efectos inmediatos. No profundizan los estudios científicos en los efectos crónicos, que implica exposición a bajas dosis durante un tiempo prolongado (como sucede en la práctica con las fumigaciones de campos de soja o arroz). Desde hace décadas, en todo el mundo, organizaciones ambientales y campesinas piden modificar esa metodología. La Defensoría del Pueblo de la Nación acaba de dar un paso en ese camino: solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos, instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad, lo que implicará alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas campesinas y barrios periurbanos.
La Resolución 147/10 de la Defensoría del Pueblo fue emitida el viernes a última hora. Consta de cinco páginas de fundamentación y una carilla resolutiva. “(Se) recomienda a la Secretaría de Agricultura de la Nación que impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos”, precisa el primer artículo y solicita se estudien “todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar, efecto letal y subletal, agudo y crónico”.
Para ubicar a los agroquímicos en los diferentes rangos de peligrosidad las empresas –y los organismos estatales– miden la toxicidad mediante la “Dosis Letal 50” (DL50). Este parámetro se define mediante la cantidad de agroquímico que mata al 50 por ciento de una población de animales de laboratorio durante un tiempo corto. La DL50 está relacionada exclusivamente con la toxicidad aguda de los plaguicidas, no mide la toxicidad crónica, aquella que surge de pequeñas exposiciones diarias a través de un largo período.
“Todo agroquímico que causa daños crónicos pero mata a poco menos de la mitad de las ratas de laboratorio, en forma aguda con altas dosis, es clasificado como producto Clase IV, identificado con la leyenda ‘normalmente no ofrece peligro’ y señalizado con la banda verde”, denuncia la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), colectivo de organizaciones que participó, en mayo pasado, de una presentación ante la Defensoría del Pueblo para que se solicitara la recategorización de los agroquímicos.
En la presentación ante la Defensoría se remarcó la inconsistencia en la clasificación de toxicidad. “La metodología basada en la DL50 no tiene en cuenta, por ejemplo, si el agroquímico analizado mata años después de una aplicación, porque no es toxicidad aguda; o si mata después de exposiciones repetidas a lo largo de varios años; o si produce o induce malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, afecciones cardíacas, afecciones neurológicas, alergias, daños oculares; y tantos otros daños a la salud que afirman los estudios realizados por investigadores que no dependen de las empresas que patentan, producen y comercializan estos productos”, explica la Renace.
El estudio del investigador de la Facultad de Medicina de la UBA y el Conicet Andrés Carrasco, que confirmó malformaciones en embriones anfibios, sí aborda los efectos subletales. Y no se trata del único trabajo. En agosto pasado, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba organizó el primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados. Durante dos días se presentaron una decena de investigaciones realizadas por académicos de universidades nacionales. Todos ellos tuvieron en cuenta los efectos crónicos y las consecuencias en el mediano y largo plazo de los herbicidas y plaguicidas. “Existe evidencia científica que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana”, afirmó el médico, docente universitario y coordinador del encuentro, Medardo Avila Vázquez. Durante el congreso, investigadores y académicos vincularon los agroquímicos con distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones y trastornos de la fertilidad. Recordaron que en la Argentina se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos por año y son afectados 12 millones de habitantes.
Hasta que no se realice la revisión de la clasificación toxicológica, el Defensor del Pueblo, Anselmo Sella, instó al Ministerio de Agricultura a elevar al máximo (“sumamente peligroso-muy tóxico”) todos los agroquímicos que no hayan sido evaluados en dosis subletales y crónicas. El Ministerio de Agricultura no cuenta con un listado público de productos que fueron aprobados sin estudios crónicos y subletales, pero desde Renace estimaron que “son la mayoría de los productos que hoy se utilizan en el país y entre ellos se encuentra el glifosato (herbicida pilar del cultivo de soja)”.
La medida de la Defensoría impacta directamente en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismos dependiente de Agricultura. El último punto de la Resolución de la Defensoría hace hincapié en cómo deben aprobarse los productos: “Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio”.
La soja transgénica y el uso de herbicidas que sustentan la siembra directa fue aprobada en Argentina durante 1996 sobre la base de trabajos de la propia empresa Monsanto.
Las denuncias y los reclamos
Fuente Página 12.
La resolución de la Defensoría del Pueblo fue tomada luego de tres días de huelga de hambre de Claudio Lowy, ingeniero forestal y militante ambiental. El martes último, Lowy se instaló en el edificio de la Defensoría y dejó de consumir alimentos hasta que se diera respuesta a la solicitud de recategorización de los agroquímicos. “Se inicia una época muy difícil y riesgosa para millones de habitantes que viven cerca de las zonas fumigadas, son los meses de mayor uso de agrotóxicos”, explicó Lowy el martes, y realizó un pedido a los medios de comunicación: “La noticia no es la huelga de hambre. La noticia son los millones de personas afectadas por las fumigaciones; y la falta de respuesta para brindarles protección y seguridad”.
El viernes la Defensoría del Pueblo solicitó formalmente la reclasificación de los agroquímicos al Ministerio de Agricultura. A esa cartera se dirigirán ahora los reclamos de organizaciones sociales, científicos y profesionales de la salud. Argumentarán con el artículo 41 de la Constitución Nacional (“todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano”), la Ley General del Ambiente (25.675), con medio centenar de estudios (nacionales e internacionales) que vinculan los agroquímicos a efectos nocivos en la salud y, sobre todo, darán cuenta de las innumerables denuncias de familias rurales víctimas de las fumigaciones.
Fuente Página 12.
lunes, 14 de junio de 2010
La salud no es lo primero en el modelo agroindustrial
Fuente Página 12.
La salud no es lo primero en el modelo agroindustrial
Una comisión conformada por el gobierno provincial analizó estadísticas en zonas con uso intensivo de agroquímicos. En una década se triplicaron los casos de cáncer en niños y cuadruplicaron los nacimientos con malformaciones.Por Darío Aranda
Es la primera vez que una provincia aporta estadísticas sanitarias vinculadas con zonas con uso intensivo de agroquímicos. Los datos son contundentes y confirman las denuncias que desde hace años realizan los vecinos: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Sucedió en sólo una década y corresponden a un estudio oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, creada por el gobernador en diciembre pasado. “Primer Informe” es el simple título del documento que fue entregado en la Casa de Gobierno provincial y en el Ministerio de Salud local. Los casos de cáncer están focalizados en la localidad de La Leonesa, cercana a Resistencia y epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas. Las malformaciones corresponden a datos de toda la provincia, donde –siempre según datos oficiales– se producen 17 casos por mes. La Justicia ordenó frenar las fumigaciones y exigió urgentes estudios de impacto ambiental (ver aparte).
A Iván le gustaba ver las avionetas que sobrevolaban sobre su casa. Tenía seis meses, escuchaba los motores y pedía upa para salir al patio y saludar el paso del aeroplano. Laura, la mamá, lo levantaba y llevaba al jardín para dar el gusto al bebé. Con el paso de las avionetas, Iván aprendió a saludar con la mano, se reía y festejaba el vuelo rasante. A los 2 años le detectaron leucemia. Fue trasladado de urgencia al Hospital Garrahan, padeció ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento intensivo.
“Los médicos me preguntaron si vivíamos cerca de plantaciones con agroquímicos. Recién ahí me enteré de que la avioneta que saludábamos con mi bebé lo que hacía era echar veneno en el campo frente a mi casa. Se me vino el mundo abajo”, explica Laura Mazitelli, del barrio La Ralera de La Leonesa. Era 2002, Iván se recuperó, y Laura se transformó en una denunciante de los agroquímicos. La trataron de loca y opositora al desarrollo, pero los casos de cáncer se multiplicaron y los vecinos comenzaron a organizarse.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Desde hace una década denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja.
Por la movilización constante y el reclamo de estudios, el gobierno del Chaco creó por decreto el 9 de diciembre de 2009 la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua. Incluyó la participación del Ministerio de Salud Pública, la Administración Provincial del Agua (APA), el Ministerio de Salud de Nación, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Ministerio de Producción. “Tendrá como misión receptar, estudiar, coordinar y conducir las acciones para garantizar y optimizar la contaminación de arsénico, agroquímicos y otros”, señala el breve decreto, de sólo dos páginas.
A cinco meses de su creación, la Comisión Investigadora finalizó su primer informe, que fue publicado por el periodista Brian Pellegrini, del sitio de noticias Chaco Día por Día.
“Respecto de patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas, se observa un mayor número de casos anuales a partir de 2002. En La Leonesa, en el período 2000-2009 se comprueba un incremento notable, que triplica la ocurrencia de cánceres en niños”, afirma el trabajo de la Comisión oficial, focalizado en La Leonesa.
En la década de 1990-1999 se registró un promedio de 0,2 casos por año (1 caso cada 60 meses). En tanto en el período 2000-2009 se contabilizaron 0,6 casos por año (1 caso cada 20 meses). “Los valores se encuentran por encima de lo esperado, incrementándose notablemente en los últimos diez años, período en el que los casos registrados triplican la ocurrencia de cáncer en niños menores de diez años.”
La media mundial de cáncer en menores de 15 años es de 12-14 casos cada 100.000 niños. Los datos oficiales de Chaco muestran que en La Leonesa el registro trepa a 20,2.
El informe señala la multicausalidad del cáncer, pero llama la atención: “Este incremento de la casuística coincide con la expansión de la frontera agrícola (...) vulnerando la salud de la población, debido a que las prácticas y técnicas de cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas cuyo principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos.” Todas las cifras surgen del Servicio de Estadísticas del Hospital Pediátrico local y destaca que un 25 por ciento más de casos son atendidos directamente en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, por lo cual las cifras totales de casos es mayor.
Beatriz Nicolini es pediatra, trabaja desde hace 25 años con pacientes oncológicos, integra la Comisión oficial y confiesa que, “a pesar de la magnitud de las cifras”, no le asombraron los datos. “Hace tiempo que vemos cómo se multiplican los chiquitos con cáncer. Pareciera no detenerse. Y, aunque no hay una sola causa de ese incremento, los casos aumentaron al mismo tiempo que aumentaba el uso de agroquímicos, ya sea en arroceras o soja”, explica y detalla que sobresalen los casos de leucemia, seguidos por tumores cerebrales y linfomas.
“Tatiana de 5 años. Milagros de 8. María de 7. Francisco de 12. Victoria de 6. Son todos vecinos con cáncer. Y lo peor es que la lista sigue. Todas familias humildes que están pasando lo mismo que nosotros”, lamenta Laura Mazitelli, la mamá de Iván, la que llamaron “loca” y ahora reprocha: “¿Hacían falta tantos casos para reconocer que nos están envenenando?”
Las malformaciones crecieron aún más. En una década se cuadruplicaron en toda la provincia del Chaco los casos en recién nacidos. En el lapso de un año, entre 1997-1998, hubo en Chaco 24.030 nacimientos, de los cuales se contabilizaron 46 malformaciones. Una década después, en doce meses entre 2008 y 2009, se registraron menos nacimientos: 21.808, pero se multiplicaron las malformaciones: 186 casos. El informe oficial destaca que se pasó de un índice de 19,1 por cada 10.000 nacidos a 85,3.
Los datos corresponden a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Neonatología del Hospital Perrando de Resistencia. De 1997 a 1998 hubo un promedio de 4,9 casos por mes. De 2001 a 2002 creció a 7,5 casos. Y entre 2008 y 2009 aumentó a 16,8 casos mensuales.
Desde el Ministerio de Salud de Nación informaron que no se cuenta con estadísticas nacionales sobre el tema. Desde la Comisión investigadora, una integrante –que pidió mantener el anonimato por “las enormes presiones” que están recibiendo–, consideró que “todos los firmantes del informe tenemos mucha experiencia y antecedentes en lo que estudiamos, pero las empresas arroceras y sojeras están presionando mucho al Gobierno. No sabemos cómo terminará, hay demasiados intereses en juego”.
Dos integrantes de la Comisión confirmaron que están elaborando un segundo informe que aporta estadísticas oficiales sobre el geométrico incremento, en zonas con uso de agroquímicos, de los embarazos que no llegan a término por abortos espontáneos, el aumento de problemas reproductivos en adultos y crecimiento exponencial de cáncer de mamas. No tienen fecha definida para entregarlo a las autoridades, pero alertaron sobre la posibilidad de “intromisiones en el trabajo de la Comisión”.
El primer informe fue elevado al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y al Ministerio de Salud provincial el 8 de abril. La investigación oficial resalta que sólo son incluidos datos del servicio de salud pública. “Tanto en datos estadísticos de enfermedades oncológicas infantiles como en malformaciones en recién nacidos no están incluidos los registros de instituciones sanitarias privadas, en los cuales las estadísticas son similares, aspecto que las aumentaría considerablemente.”
El informe de la Comisión investigadora solicita que se tomen “medidas precautorias” en La Leonesa hasta que se realice un estudio de impacto ambiental y piden que se amplíen los análisis a otras seis localidades que estarían en las mismas condiciones: Gancedo, Napenay, Santa Sylvina, Tres Isletas, Avia Terai y Colonia Elisa.
Notas relacionadas:
Algo que siempre dicen los pacientes que son tratados por estas enfermedades :
“Los médicos me preguntaron si vivíamos cerca de plantaciones con agroquímicos. Recién ahí me enteré de que la avioneta que saludábamos con mi bebé lo que hacía era echar veneno en el campo frente a mi casa. Se me vino el mundo abajo”, explica Laura Mazitelli, del barrio La Ralera de La Leonesa.
Si toman cualquier informe verán que cuando van al hospital los médicos preguntan:
¿Vive cerca de una plantación fumigada?
¿Por qué no hay más denuncias por parte de ellos?
Hay excepciones, el Dr. Páramo y el Dr. Roque Gianfelici, de este último:
- Descargue el libro "La Soja, la salud y la gente", del Dr. Roque Gianfelici
- Audio del programa "Somos Todos Diferentes" con un reportaje al Dr. Gianfelici.
- Conferencia del Dr. Andrés Carrasco y el Dr. Roque Gianfelici sobre "La Salud en los tiempos del Agrotóxico.
La preocupación de la legislatura chaqueña con este primer informe.
domingo, 5 de abril de 2009
Fumigados-catorce páginas en la edición de la revista de Crítica Digital sobre pesticidas en la Argentina
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jueves, 22 de enero de 2009
Daño por Fumigaciones-En Santa Fe también
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados provincial de un proyecto de Pablo Javkin, el Cepel exige que el ejecutivo "tome cartas en el asunto para solucionar esta problemática"
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la provincia del pedido de informes sobre las fumigaciones en General Lagos, presentado por el legislador de la Coalición Cívica Pablo Javkin, desde el Centro de Participación para la Elaboración Legislativa (Cepel) -que impulsó la iniciativa- esperan que "el poder Ejecutivo comience a dar respuestas a una problemática que fue presentada por un caso puntual, pero abarca a muchas localidades de la provincia", indicó uno de los integrantes del centro, Leonardo Ortiz. "Basta darse una vuelta por todas las zonas que tienen campos linderos a barrios en construcción para notar que no se cumplen las reglamentaciones sobre fumigación", agregó.
El proyecto del Cepel también fue presentado por la diputada Susana García en el Congreso nacional, pero aún espera tratamiento en la comisión. "Es una problemática que se repite", indicó Ortíz. La iniciativa de Cepel nació "a partir de las innumerables denuncias que alertaban sobre esta problemática, no sólo en esta ciudad, sino que se sumaban a las anteriormente formuladas por los habitantes de Bigand, Lanteri y María Juana". El Centro realizó "averiguaciones y estudios de la normativa vigente, como así también de la campaña nacional 'Paren de Fumigar' llevada a cabo por el Grupo de Reflexión Rural y CeTRONAT, contra el uso de agrotóxicos en poblaciones urbanas, con el objetivo de asegurar la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente y poner en marcha la repoblación del campo y la soberanía alimentaria".
Con todo ese bagaje, Javkin y el Cepel elaboraron el pedido de informes. El texto aprobado por la Cámara pregunta "si la Subsecretaría de Medio Ambiente y/o sus dependencias han tomado conocimiento o recibieron denuncias sobre habitantes con signos o síntomas de estar afectados por contaminación con pesticidas, o por fumigaciones sobre sus viviendas en zona urbana de Residencial Lagos en la localidad de General Lagos departamento Rosario y cuáles han sido las medidas tomadas en consecuencia". También pide información sobre "problemas de salud en el entorno que puedan tener relación con el uso de agro-tóxicos, la frecuencia con que se realizan las fumigaciones, si la población es notificada, si las mismas se realizan a través de mosquito, araña y/o aviones".
Según indicaron desde Cepel, "la intención es contar con información oficial a efectos de tomar conocimiento de la situación actual de la población con exposición a agroquímicos, y del procedimiento y productos utilizados, consecuencias posibles y las medidas adoptadas tanto a nivel administrativo como judiciales y/o penales, si corresponden".
Los integrantes del Centro pidieron "una inmediata respuesta" del Ejecutivo provincial.
Según detalla el proyecto, a las denuncias que se han realizado en las localidades de Las Petacas, Máximo Paz, Piamonte, Bigand, María Juana y Lanteri, hoy se suman las que efectúan los ciudadanos de General Lagos quienes han presentado sus reclamos al Jefe Comunal, Oscar Ferri, y han denunciado a los productores de soja que llevan adelante fumigaciones con agroquímicos sobre el ejido urbano, demostrando el ineficiente control y el incumplimiento de la Ley provincial 11.273 (que regula esta temática) y su decreto reglamentario.
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