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miércoles, 11 de mayo de 2011

Periodistas, campesinos y pueblos originarios Por Darío Aranda

Fuente Página 12.

Periodistas, campesinos y pueblos originarios

Darío Aranda reflexiona sobre el comportamiento de los periodistas y sobre la propia función periodística a partir del tratamiento que se da a campesinos y pueblos originarios

Por Darío Aranda
La represión al pueblo qom de Formosa dejó en evidencia, una vez más, cómo funciona el periodismo en los grandes medios de comunicación.
Las radios, canales de televisión y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno enfocaron inicialmente la represión como un enfrentamiento. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder, apuntaron como único responsable político al gobierno provincial. Ese fue el límite. En estos cinco meses, rara vez esos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional en los días que siguieron a la represión.
En contraposición, los medios que actúan como partidos de oposición (sobre todo luego de la 125) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández. Mostraron cómo todos los ámbitos del Estado nacional jugaron la gran mayoría de las veces contra la comunidad qom. Pero esos medios nunca citaron el fondo de la represión que se da contra campesinos e indígenas: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes, contaminación, desalojos, y obliga también al corrimiento de la frontera sojera y ganadera. Esos medios son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidación y avance de ese modelo.
El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.
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“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar”, definió Horacio Verbitsky.
Osvaldo Bayer recuerda a Rodolfo Walsh como referencia de periodismo: “Su voz de reportero iba descubriendo uno a uno los crímenes de una burguesía ávida y sin escrúpulos, las traiciones de esa misma burguesía al país, a la condición humana. Era un reportero que revolvía todo para encontrar la verdad, pero a la vez era el cronista que volcaba su investigación en crónicas para el pueblo. Fue el escritor de los rezagados, de los más humildes”.
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Los grandes medios de comunicación nunca tomaron en agenda a campesinos e indígenas, son los marginados mediáticos. Sólo la resolución 125 hizo posible que algunos periodistas de grandes ciudades comiencen a escuchar las denuncias de los efectos sociales, ambientales y sanitarios del modelo de agronegocios. Pero aún así, rara vez toman como actores sociales y políticos a la pirámide de la Argentina rural.
Algunas hipótesis para explicar ese comportamiento. Además de los intereses comerciales y líneas editoriales de las empresas, hay motivos individuales. En las redacciones gana terreno un periodismo de escritorio que se resiste a abandonar el aire acondicionado o la calefacción, como si se tratara de empleados administrativos. Y es imposible conocer el acontecer rural si no se va al territorio.
En las redacciones también está presente una cuestión de clase social que hace negar (o dudar) el genocidio indígena (tan similar en sus prácticas a la última dictadura militar). Por eso no denuncian como violaciones a los derechos humanos los padeceres indígenas y por eso mismo no miden con la misma vara los asesinatos de la clase media urbana que las represiones contra los luchadores del campo profundo.
Los asesinatos de Carlos Fuentealba y Mariano Ferreyra (sólo dos referencias) fueron tapa de los grandes medios de comunicación y cada novedad se transforma en nota. No fue igual con el diaguita Javier Chocobar, la campesina Sandra Juárez y el qom Roberto López, asesinados por defender su territorio y cuestionar un modelo extractivo que festejan empresas y funcionarios, publicitan periodistas y padecen comunidades rurales.
A futuro: el avance extractivo (petrolero, minero y sojero, entre otros) continuará. La resistencia indígena y campesina también. La represión seguirá siendo la respuesta privada y estatal. ¿Qué harán los periodistas? Se puede estar de “un bando o del otro” del mundo mediático y político, y “tragarse sapos”. Pero hay otra opción: se puede ir al lugar de los hechos, hablar con los protagonistas y dar testimonio. No ser neutral ni objetivo, pero tampoco acomodarse a la conveniencia del medio de comunicación o del gobierno de turno. Y, sobre todo, no ocultar la realidad.

Fuente Página 12.


martes, 2 de diciembre de 2008

Intento de desalojo en Tucumán


Son casi 480 hectáreas que apetece un grupo de personas que tienen mucho dinero. Tanto poder tienen estos individuos para apropiarse de las tierras, que la jueza que lleva la causa ordenó el desalojo de esa porción violando leyes nacionales e internacionales, tanto apuro tienen los Carro por ser terratenientes de estos lares, que la jueza no ha notificado a todas las personas amenazadas con perder sus tierras.
Casi todas las personas amenazadas conforman la comunidad indígena Lules, quienes en 2003 han sido reconocidas (como si ello fuera necesario) por el Estado a través del I.N.A.I. (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)

Historia de días y amenazas

Desde allá por el 1700 la familia que formó Mateo Cruz ha vivido en estas tierras. La pacha los ha acogido en un espacio muchísimo más amplio que estás 480 hectáreas que ahora intentan quitarle. El colonizador español los encontró allí, la conformación del Estado Nacional Argentino los encontró allí.
Los hijos de Mateo Cruz fueron formando sus propias familias. Varones que continuaron el apellido. Mujeres que se casaron con Perez y Gonzalez y cuyos descendientes permanecen allí hasta ahora.
La paz y el sol de Nogalitos los abrigo estos siglos, hasta que hace unos años comenzaron a notar que una nueva colonización intentaba llevarse a cabo.

En el año 2000 por primera vez Isabel Perez, se vio obligada a dejar este hermoso lugar donde vivieron sus ancestros, allí nació, creció, se casó y vió crecer a sus hijos. Sin embargo esto no fue argumento suficiente para la jueza Maria Susana Lemir Saravia (que tiene pedido de juicio politico porque fue secretaria judicial durante la dictadura) cuando Gustavo Brigido Teran Molina pidió el desalojo de Isabel para cobrarse con esas tierras los “honorarios profesionales” que Raúl Armando García le había pagado por la tramitación de una falsa posesión adquisitiva sobre las tierras de la comunidad.
La posesión adquisitiva es una figura legal que, supuestamente, beneficia a toda aquella persona que ha poseido una porción de tierra por más de 20 años considerandose y comportandose como “dueño”. Es un trámite judicial que como su nombre lo indica tiene como requisito básico que quien pretende realizarlo realmente detente la “posesión” del lugar.
Raúl Armando García nunca ejerció esa posesión. Nacido y criado en la ahora denominada jurisdicción de Siambon nunca vivió en esta tierras de las que luego “legalmente” se apropio.
Y no sólo se apropió, sino que luego, la porción que no dio como honorarios a Teran Molina la vendió.
Así apareció un mal día Mario Carro, esgrimiendo un papel inerme, que dice “escritura” y que no condice con una realidad a gritos que gritan las 18 familias que hoy se niegan a ser desalojadas.
Como el papel no alcanzo para asustar, llegaron las amenazas, de golpes, muertes, y otras cosas.
Sin embargo, esto no termina aquí.
La misma jueza Maria Susana Lemir Saravia que en el 2000, desalojó a Isabel, ahora ordena el desalojo de estas personas, a pesar de cualquier ley que el estado dice sacar para proteger a las comunidades de la voracidad del capitalismo pero luego no se encarga de hacer cumplir.

La orden de desalojo intentará ser cumplida este proximo jueves, 20 de noviembre, de este 2008 que tan poco se diferencia de aquel 1492.

¿El pedido? Una solidaridad intensa y activa que comience a presionar a estos poderes corruptos que los intentan desalojar.

Más abajo fotos de la comunidad y transcripciones de entrevistas que con más tiempo estarán disponibles en audio.

Tambien los mails necesarios e indispensables para ayudar a que este atropello no continue. Imaginamos que con solo unas lineas que digan “solidaridad con la Comunidad del Pueblo Lules de El Nogalito, repudio al atropello, no al desalojo” el mensaje será claro y contundente.

Gracias.

Gobierno Nacional
Jefe de Gabinete de Ministros
Sergio Massa
Secretaría de Gabinete y Relaciones Parlamentarias
infosig@jgm.gov.ar

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I.)
PRESIDENCIA
Pte.: Horacio Claudio Pascual Iramain
Vice Pte.: Lic. Jorge Córdoba
Tel.: 011.4348.8434
indigena@inai.gov.ar
TIERRAS y PERSONERÍA JURÍDICA
Resp. Área: Dr. Antonio Dell´Elce
Tel.: 011.4348.8472
adellelce@inai.gov.ar


Gobierno Provincia de Tucumán
ALPEROVICH, JOSE JORGE
GOBERNADOR
Dirección: 25 de Mayo 90 - San Miguel de Tucumán
Teléfono: 0381-4844000
E-mail:gobernador@tucuman.gov.ar; josealperovich@tucuman.gov.ar


Gobierno Municipal
Municipalidad de San Isidro de Lules
Almirante Brown 161
San Isidro de Lules
Tucumán
T4128AOC
Argentina
Teléfono: +54 (0381) 481 - 1213
Para mandar mail http://www.lules.gov.ar/index.php/contactenos.html



Poder Judicial

Excelentisima camara de Documentos y Locaciones
Telefono 0381 4220764


Jueza Desalojadora y Genocida Maria Susana Lemir Saravia
telefono 0381 4223251