Omar RiveraLa noche del 27 de junio de 2009, llegue tarde a Tegucigalpa, procedente de
Granada, Nicaragua, donde había participado, representando al Gobierno de la
República, en la reunión del Consejo de Integración Social (CIS) del Sistema
de Integración Centroamericana (SICA).
Por la tarde ese día, había charlado telefónicamente con Elena Freije,
Gerente General del gubernamental Canal 8, y le había consultado sobre mi
participación en la cobertura de la Encuesta de Opinión en la cual se le
preguntaría a la población si estaba de acuerdo en convocar a una Asamblea
Nacional Constituyente; la señora Freije, me había indicado que participaría
como comentarista de ese evento durante la cobertura televisiva, que iniciaría
a las seis de la mañana y culminaría por la noche del pasado domingo 28 de
junio. No me dio la hora exacta de mi intervención, y acordamos vernos temprano
en la mañana en los estudios del canal, para finiquitar horarios.
Luego de algunos minutos, Martha Peck, asistente del ministro asesor
presidencial Allan Fajardo, me comunicó que mi turno sería de diez de la
mañana a la una de la tarde en el estudio, por lo que no tendría que madrugar
y repondría fuerzas de una semana intensa de trabajo fuera de casa.
Casi al filo de la media noche del sábado, revise correos electrónicos y
actualice mi cuenta de Facebook, hice algunas llamadas telefónicas y sintonice
la televisión. El presidente Manuel Zelaya Rosales estaba en un conversatorio,
junto a Carlos Eduardo Reina y Eduardo Maldonado, en la televisora oficial,
dando instrucciones a los coordinadores departamentales y municipales de la
Encuesta de Opinión, y contestando llamadas telefónicas de sus simpatizantes;
con la voz de aquellos tres caballeros de sonido ambiental, me fui durmiendo
como un lirón, hasta despertar a la mañana siguiente con la noticia que un
contingente militar había asaltado la residencia del mandatario y lo había
llevado a la base aérea para mandarlo en un avión hacia Costa Rica, con la
intención de despojarlo de su cargo y evitar así, que la consulta popular
planificada se llevara a cabo.
Pese al acuerdo al que habían llegado Elvin Santos, Roberto Micheletti, Carlos
Flores y Manuel Zelaya Rosales, sobre la Encuesta de Opinión y la Cuarta Urna
(Plebiscito Constitucional), que consistía en ceder ante las pretensiones del
titular del Poder Ejecutivo a cambio de transferir el control político y la
conducción proselitista de la consulta plebiscitaria al Congreso Nacional, las
constantes y confrontativas arengas presidenciales y una perorata conjunta con
el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, hicieron dudar Micheletti del
cumplimiento del pacto; fue entonces donde el progreseño se fue a los
cuarteles, a retomar el viejo plan que ya habían considerado, e invito a los
militares -que estaban recluidos por orden de Zelaya Rosales- a dar un Golpe de
Estado.
Se le hizo fácil a Micheletti poner a trabajar a los fiscales del Ministerio
Público y a los magistrados de Corte Suprema de Justicia en una acción
judicial que removiera de su cargo al Presidente de la República, ya que él
había sido factor determinante para la reciente elección de estos operadores
de justicia, y le "debían una". A la velocidad de un rayo, el más alto
tribunal del país ordenó, de forma inusual y arbitraria, a solicitud del
Fiscal General del Estado, a Romeo Vásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas, proceder a "capturar al Ciudadano Presidente de la
República de Honduras: José Manuel Zelaya Rosales, a quien se le supone
responsable de los delitos de: contra la forma de gobierno, traición a la
Patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la
Administración Pública y del Estado de Honduras, lo anterior a raíz del
Requerimiento Fiscal presentado en esta Corte por parte
del Ministerio Publico".
Mientras doscientos militares allanaban la morada del presidente Zelaya Rosales
en la colonia "Tres Caminos" de Tegucigalpa, para lograr su aprehensión, Elvin
Santos y Carlos Flores -a quienes se les había despertado con la infausta
noticia- se tiraban de los pelos; el primero, sollozando y lamentándose que lo
hayan "jodido" con esta acción que -seguramente- tendrá enormes repercusiones
políticas negativas para su candidatura presidencial, y el segundo, pidiéndole
a Dios que nadie lo vinculara con este hecho bochornoso.
Sacado a empeñones de su vivienda, y aun vestido en pijamas, el presidente
Zelaya Rosales fue trasladado de la base aérea ubicada en el aeropuerto
internacional "Toncontín" a San José, Costa Rica; fue expatriado, violentando
lo establecido en la Carta Magna, sin seguir el ordinario proceso que obligaba a
capturarlo y ponerlo a la orden de la autoridad correspondiente.
Y ese fue el gran error.
Si, fue el gran error, porque los militares debieron haber trasladado al acusado
ante un Juez, y no hacia el extranjero; ahora este exceso es la principal causa
por la que la comunidad internacional condena este acto y lo tipifican como un
Golpe de Estado, y es una inequívoca señal que mas de alguno desea volver a
tener la bota castrense en el cuello.
Este hecho es inadmisible e intolerable; la fuerza militar no debe servir para
destruir la institucionalidad democrática que tanto nos ha costado, ni para
lograr el botín gubernamental que tanto alegría causa a los inescrupulosos, al
contrario, deben velar por el respeto irrestricto a la Constitución de la
República y la consolidación del Estado de Derecho.
Tegucigalpa, MDC - 29 de junio de 2009
