Por Darío Aranda
Desde que difundió el avance de su investigación, en abril de 2009, la vida del docente de la UBA e investigador de la UBA Andrés Carrasco dio un vuelco. Abogados de la Cámara de Fertilizantes (Casafe) irrumpieron en su laboratorio y amenazaron a sus colaboradores. Le siguieron amenazas telefónicas, campañas mediáticas de desprestigio (llegaron a afirmar que su investigación no existía) y censura en la Feria del Libro. Reconoció presiones desde el Conicet y, la última semana, un grupo de choque frustró una charla que iba a dar en el Chaco. La legislatura provincial y Amnistía Internacional repudiaron el hecho.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Desde hace siete años denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja. En abril pasado, estadísticas oficiales del gobierno del Chaco confirmaron lo temido: en sólo una década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento.
Carrasco fue invitado por las familias afectadas a dar una charla en la Escuela 35 sobre su investigación, pero una patota golpeó y amenazó a los asistentes. Carrasco y el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Horacio Lucero, fueron amenazados, privados de su libertad durante y muy cerca de ser golpeados.
Los agresores se identificaron como trabajadores arroceros y empleados municipales. Y, según los testigos, obedecían las órdenes del intendente José Carbajal y su esposa, la diputada provincial Elda Insaurralde. Entre la decena de golpeados estuvieron el ex subsecretario de Derechos Humanos Marcelo Salgado y el diputado de Libres del Sur Carlos Martínez.
“Fuimos amenazados, golpeados, pateados, insultados, descalificados como ciudadanos y personas. Nos dijeron ‘cuiden a sus hijos’, ‘conocemos dónde viven’, ‘sabemos a qué escuela van tus hijos’. Responsabilizamos al gobierno provincial de cualquier hecho que pueda sucederle a nuestras familias”, advirtieron en una carta abierta los vecinos de Las Palmas y La Leonesa. EL gremio docente Utre-Ctera también denunció que trabajadores de la educación, que apoyan las denuncias de los vecinos contra las fumigaciones, fueron atacados y amenazados días posteriores a la frustrada charla.
La legislatura del Chaco repudió el hecho y votó una resolución (con 23 votos a favor y 7 en contra) para que la Comisión de Asuntos Constitucionales excluya de la cámara a la diputada Insaurralde. La acusan de “conducta indigna” por haber participado activamente en la agresión a los vecinos y a los científicos Carrasco y Lucero.
La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional lanzó una campaña urgente donde insta al Gobierno a que “actúe sin demora para garantizar la seguridad de las personas que residen en La Leonesa y en las comunidades vecinas”. También solicitó a las autoridades locales proteger el derecho a la libertad de información y expresión “para que las comunidades que viven en zonas agroindustriales puedan buscar, recibir y divulgar información sobre los posibles efectos de los agroquímicos”.
Carrasco y Lucero recibieron la solidaridad de una veintena de organizaciones sociales y académicos. El Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología es un colectivo de profesionales que problematiza la lógica productivista de la ciencia actual y divulga información. Participan más de 1600 profesionales de 90 instituciones educativas, científicas y de investigación.
“Expresamos nuestro repudio por los hechos de violencia del Chaco. Sería importante que se expidieran el Conicet, al cual pertenece el doctor Carrasco, así como las universidades”, reclamó la organización y recordó que Carrasco había sido censurado en la última Feria del Libro, donde no se le permitió dar una charla sobre las consecuencias de los agroquímicos.
Carrasco fue presidente del Conicet y es uno de los científicos más importante del país. En 1984 descubrió los genes reguladores del desarrollo embrionario (“genes Hox”), que le significó reconocimiento a nivel mundial y artículos en las revistas científicas Cell y Nature, dos de las publicaciones más prestigiosas del ámbito académico mundial.
Al momento de divulgar los avances de investigación, en abril de 2009, Carrasco ganó enemigos. “Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son hipócritas con las consecuencias de los agrotóxicos”, denunció en ese momento, explicó que “el modelo agrícola utiliza numerosos agroquímicos de los cuales no se realizan estudios” y remarcó que su trabajo no descubría algo nuevo, sino que confirmaba lo que otros investigadores había alertado. Citaba a Gilles-Eric Seralini (Universidad de Caen, Francia), Robert Belle (director de la Estación Biológica del Centro Nacional de Investigación Social de Roscoff, Francia) y Rick Relyea (Universidad de Pittsburg, Estados Unidos).
Le siguieron amenazas telefónicas y presiones del ámbito científico.
En un hecho inédito para el ámbito científico de Argentina, más de 300 investigadores nacionales y extranjeros, decanos de facultades nacionales, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos lanzaron una carta pública llamada “Voces de alerta”, donde explicitaron su apoyo a Carrasco y apuntaron a la cuestión de fondo: “El discurso de políticos, funcionarios, comunicadores y mediadores contratados por las corporaciones económicas producen, a manera de discurso único, el canto de sirena del ‘desarrollo sustentable’ del modelo sojero y la ‘minería responsable’ como factor de transformación. Ese discurso hegemónico es legitimado por actores universitarios y científicos pagados por las transnacionales en un sistema público que ha sido desapropiado”.
