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lunes, 12 de julio de 2010

La otra votación del miércoles..."Protección" glaciares provinciales...

Fuente Página 12.

Las provincias que rompen el hielo

En tiempo record, Jujuy y La Rioja aprobaron normas sobre glaciares y esta semana harían lo mismo San Juan y Salta. Las asambleas ambientalistas denuncian que es una maniobra para eludir la legislación que vote el Congreso nacional.

Por Darío Aranda

Ante la posibilidad de que el Congreso nacional apruebe una ley para proteger a los glaciares y limitar la megaminería, gobiernos provinciales impulsan –y las legislaturas aprueban a contrarreloj– leyes que regulan el mismo tema. Sin debate y en tiempo record, Jujuy y La Rioja hicieron punta en la estrategia de los gobernadores: el jueves pasado sancionaron normas de “protección de glaciares”, aunque desde las asambleas ambientales afirman que son leyes “para permitir el avance minero”. Salta y San Juan ya prepararon sus leyes y esperan sancionarlas esta semana. El cambio de escenario fue impulsado luego de que gobernadores se reunieran con la empresa Barrick Gold en Canadá. La Cámara de Diputados de la Nación debatirá el próximo miércoles entre dos proyectos de protección de glaciares.

El miércoles 7 de julio las asambleas ambientales riojanas lanzaron un comunicado donde alertaban que el gobierno provincial había pactado con empresarios mineros de Canadá y China, llamaron a un plenario y movilizaciones. “Alertamos al pueblo sobre uno de los mayores negociados de la historia riojana de entrega del patrimonio minero (...) mientras se destruyen las fuentes de agua que dan vida a los pueblos y a los ecosistemas regionales”, afirmaron los asambleístas.

Al día siguiente, sin debate en comisiones parlamentarias, sin consultar a especialistas científicos y sin atender los reclamos de organizaciones de la sociedad civil, la Legislatura riojana aprobó la ley de “protección de glaciares”, donde el poder de control será ejercido de forma exclusiva por autoridades provinciales. El proyecto de ley había sido presentado el día anterior por el Ejecutivo y sólo el oficialismo sabía de su existencia. “El poder de policía lo tienen la Secretaría de Ambiente y la Cámara de Diputados. El lobo cuidando el gallinero. Son leyes a pedido de la Barrick”, denunció Jenny Luján, activista de la provincia.

También en tiempo record, presentado el 6 de julio y aprobado el 8, el gobierno de Jujuy sancionó su ley de glaciares. Al igual que en La Rioja, el control a las empresas queda en manos del gobierno provincial. También determina que realizará un inventario de glaciares, pero destaca que la opinión de los organismos técnicos especializados no será vinculante.

Alicia Chalabe es abogada patrocinante de vecinos de Tilcara que rechazan la explotación minera. “Por la Constitución Nacional reformada, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Entonces la sanción de una ley provincial de glaciares fue una jugada muy bien pensada por los que impulsan la minería. La futura ley nacional podría ser tratada de inconstitucional”, explicó.

El 26 de junio, en el marco de la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en Canadá, el fundador y directivo de Barrick Gold, Peter Munk, recibió a la Presidenta y a los gobernadores Walter Barrionuevo (Jujuy), Luis Beder Herrera (La Rioja), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y José Luis Gioja (San Juan). La comitiva oficial les aseguró a los empresarios que las leyes mineras “no serán modificadas”.

El 6 de julio, en la Casa de Salta en Buenos Aires, se reunieron los gobernadores recién llegados de Canadá. Se sumaron funcionarios de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Catamarca. También estuvo el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Allí se hizo pública la estrategia acordada en Canadá. “Declaración de las provincias cordilleranas” es el título del documento en el que se resalta “la necesidad impostergable de proteger los glaciares”. Allí mismo se presentó un modelo de ley provincial, que cada gobernador se comprometió a presentar en sus provincias y aprobar lo más rápido posible. Las recientes leyes de La Rioja y Jujuy son las primeras de una larga lista.

La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) festejó: “La Cámara respalda plenamente la Declaración de los Gobernadores que reafirmaron sus competencias en materia de cuidado ambiental, comprometiéndose a garantizar el desarrollo minero con criterios sustentables”.

Mirta Antonelli es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, y coeditora del libro Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Explica que, a nivel mundial, las corporaciones de la megaminería se caracterizan por “fabricar los referentes jurídicos que viabilicen el extractivismo, haciendo leyes a la medida de sus intereses”, y da como ejemplo las reformas que la Argentina realizó en los ’90. “El caso de las leyes provinciales para disponer de los glaciares, obviando que en el Congreso nacional se debate esta semana el destino del patrimonio de aguas –señaló–, lejos está de ser ‘federalismo’ y ‘autonomía’ provinciales. Es poner en manos y bajo el poder de los gobernadores pro-mineros los territorios y las aguas para que luego decidan las empresas mineras.”

Fuente Página 12.

lunes, 12 de enero de 2009

Un tema prohibido

Por Darío Aranda


Entre Ríos: El médico rural Gabriel Gianfellice vive hace 28 años en Cerrito, a 50 kilómetros de Paraná. Aturdido por las muertes prenatales, los embarazos que no llegaban a término, los casos de cáncer y los arroyos sembrados de peces muertos, escribió el libro La soja, la salud y la gente, en el que afirma que en el pueblo hubo un antes y un después de la soja transgénica. A partir del 2000 comenzó a percibir los efectos adversos con la reproducción, la gestación y la correcta formación de los órganos durante el embarazo y problemas de fertilidad. “Ni hablar de enfermedades respiratorias, que crecieron más de un ciento por ciento. Vivimos fumigados, los avioncitos pasan sobre nuestras cabezas constantemente y los pacientes muestran efectos nocivos. Nos habían dicho que el glifosato era agüita del cerro, hoy día se sabe que nos mintieron”, asegura. También en Entre Ríos, el paraje rural Rosario del Tala, departamento de Gualeguaychú, es conocido por el caso de “los primitos Portillo”. Entre mayo de 2000 y enero de 2007 fallecieron Alexis (de un año y medio), Rocío y Cristian (ambos de 8). Norma Portillo, mamá de Cristian, no tiene dudas: “Cuando fumigaban, nos encerrábamos en la pieza. Por días nos dolía la cabeza, picaba la garganta y ojos. Y si llovía, el arroyo bajaba con peces muertos, nada deja el veneno”.



Santiago del Estero: Maira Castillo vive en Quimilí, pleno monte santiagueño, y tuvo su primera intoxicación aguda a los 4 años. En el hospital local le diagnosticaron envenenamiento con agrotóxicos y la derivaron de urgencia al Garrahan, en Buenos Aires. La vivienda familiar está rodeada de campos con soja, rociados periódicamente con glifosato. El químico le afectó la vista, la piel y el sistema respiratorio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde militan los Castillo, denuncia desde hace diez años los efectos sociales, ambientales y sanitarios del modelo sojero. Contabiliza un centenar de denuncias por envenenamiento con agroquímicos, pero ninguna tuvo fallo favorable.



Córdoba: “Ni un metro menos. La tierra es nuestra”, es una de las consignas del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), que resiste el avance de empresarios sojeros que pretenden quedarse con sus tierras. A las continuas amenazas y atropellos, se sumaron las fumigaciones sobre los ranchos rurales. “Nos arruinan los sembradíos para autoconsumo, matan los animales y ya hubo intoxicaciones. Lo que no pudieron hacer con las topadoras lo quieren lograr con el veneno para la soja”, afirmaron desde el MCC, que denunció fumigaciones indiscriminadas en Sebastián Elcano, Jesús María y San Francisco.




Chaco: La ONG Centro de Estudios Nelson Mandela acaba de publicar el informe “Una tragedia colectiva: Malformaciones por el uso de agroquímicos”. Denuncia que el Chaco es zona liberada para los agrotóxicos y causante de malformaciones de bebés. “La intoxicación crónica por el uso de agroquímicos provoca modificaciones o mutaciones del genoma humano. Pero los gobiernos miran para otro lado”, denuncia el trabajo, que también responsabiliza a los productores agropecuarios por “provocar daño sanitario, social y ambiental” en pos de obtener mayor rentabilidad. En diciembre último, en una entrevista al diario Chaco Día por Día, el jefe de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional (IMR), Horacio Lucero, advirtió el incremento de casos de cáncer y malformaciones a causa del uso de agrotóxicos sojeros en el sudoeste chaqueño. “No es un designio de Dios tener un chico malformado. Es un designio de la gente que está cohabitando su propia tierra”, aseguró.



Santa Fe: En Bigand, una localidad de cinco mil habitantes al sur de Santa Fe, el Ministerio de Salud de Nación realizó un estudio con el objetivo de “determinar factores de vulnerabilidad en poblaciones expuestas a los plaguicidas”. En el marco del Plan Nacional de Gestión Ambiental, las conclusiones detallaron: “Más de la mitad de los encuestados y el 100 por ciento de los fumigadores refieren que ellos o conocidos estuvieron intoxicados alguna vez. El 90 por ciento señala que no existen personas resistentes a las intoxicaciones”. El trabajo, realizado en 2002, confirma efectos agudos como alergias, dolor de cabeza, mareos, irritación respiratoria, dérmica y de ojos. Son mencionados más de 40 pesticidas, predominando el uso de glifosato, denuncia la investigación.



Formosa: Sólo una vez la Justicia falló contra el modelo sojero. Campesinos formoseños del poblado Colonia Loma Senés denunciaron en 2003 las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. La jueza Silvia Amanda Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones con Roundup (nombre comercial del glifosato), fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Desde entonces, la magistrada fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo. Ningún otro juez prohibió las fumigaciones.